El Parlamento Europeo está promoviendo el proyecto de Directiva sobre el establecimiento de un mecanismo para un salario mínimo europeo adecuado en los países de la UE. La ley estipula el salario mínimo para los trabajadores. El Parlamento de la UE, a su vez, exige a los gobiernos de los países que evalúen si sus salarios mínimos son adecuados en este momento.
El proyecto fue aprobado por 37 votos (contra 10 y 7 abstenciones). El documento debe ser aprobado por la sesión plenaria (durante la reunión en Estrasburgo del 22 al 25 de noviembre), antes de las negociaciones con el Consejo sobre la forma final de la directiva.
El salario mínimo europeo debe ser al menos el 60% del salario bruto medio en Europa y el 50% del salario medio.
En una votación celebrada ayer, jueves 11/11/2021, los eurodiputados de la Comisión de Empleo y Asuntos Sociales apoyaron la introducción de requisitos para proteger el salario mínimo en la UE: ya sea introduciendo salarios legales (los más bajos permitidos por la ley) o permitiendo los empleados negocian los salarios con sus empleadores.
La nueva directiva de la UE garantizará salarios mínimos en todos los estados miembros para garantizar un nivel de vida digno para los trabajadores y sus familias.
Según el proyecto de directiva, los Estados miembros deben evaluar e indicar si el salario mínimo obligatorio es suficiente, utilizando criterios para la creación de condiciones de vida y de trabajo dignas, e incluyendo elementos como el poder adquisitivo y la pobreza.
Los Estados miembros en los que el salario mínimo está protegido únicamente por convenios colectivos no estarán obligados a legislar o hacer que esos convenios sean de aplicación universal.
El proyecto de directiva tiene como objetivo proteger a los trabajadores proporcionándoles un salario mínimo garantizado a través de contratos laborales con empleadores.
Los Estados miembros en los que la negociación colectiva está disponible para menos del 80% del personal deberían tomar medidas activas para promover esta herramienta. Para desarrollar la mejor estrategia a tal efecto, deben consultar con los interlocutores sociales e informar a la Comisión Europea de las medidas adoptadas.
La violación de la legislación adoptada estará estrictamente prohibida y sancionada por la ley.
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